La acción de las masas tiene capacidad para derrocar gobiernos.
Por: José Luis Huape Rodríguez
Al inicio de año es de ordinario que individualmente hagamos un recuento de lo que se hizo, de lo que se está haciendo y de lo que se hará el año nuevo. Hay personas más organizadas y calculadoras que sacan una especie de saldo deudor o acreedor de las metas cumplidas e insatisfechas.
Ese ejercicio es una evaluación de resultados y un plan de desarrollo personal, cuyo objetivo es dar orden a sus acciones y satisfacer sus expectativas de vida cualesquiera que sean.
Es un hecho público que los ciudadanos no se han quedado en el plano individual, ahora más que nunca han evaluado el desempeño de partidos políticos: El resultado es un saldo deudor, porque la percepción ciudadana es que no cumplen con los fines para el que fueron creados.
Los partidos deben ser entidades de interés público, pero lo cierto es que se han convertido en camarillas que sólo velan por el interés de un grupo privilegiado harto identificado en el ámbito público y de las rémoras que alcanzan los beneficios del poder.
Esas organizaciones deben promover la participación del pueblo en la vida democrática de México. Sin embargo, el cochinero que tienen a su interior y exterior aleja a la ciudadanía de la participación partidaria, electoral y de los mecanismos institucionales de distribución del poder porque ese camino está empedrado de simulaciones que inducen al estatus quo para que todo siga igual con tendencia a empeorar.
Deben contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso ciudadano al poder público, empero es de todos conocido que el sistema lo que permite es acceder al poder únicamente a un reducido grupo de gángster de la política y cortesanos, con sus honrosas excepciones.
El financiamiento público, es decir, el dinero que se recauda por contribuciones tributarias de ciudadanos y que se asigna a partidos políticos, ha servido para el enriquecimiento de la clase política y empobrecimiento del pueblo. Todo esto lleva a considerar a los partidos políticos como “organizaciones nefastas”.
Ante ese panorama, el reto de los partidos políticos a corto plazo es integrarse en los hechos y no sólo en el discurso a la política anticorrupción.
Las organizaciones no tienen credibilidad, por ello para las próximas elecciones no será suficiente ofrecer cambios, será indispensable que presenten hechos consumados. Para entonces deben demostrar a la ciudadanía que han emprendido acciones para prevenir que los candidatos que postulen a cargos de elección popular sean mañosos.
En otras palabras, los partidos deben poner en marcha mecanismos que permitan depurar a sus candidatos con el tamiz anticorrupción, para evitar se repitan los recientes casos de gobernadores perseguidos por la justicia.
Los partidos ya deberían tener listas las reformas estatutarias que permitan indagar objetivamente los antecedentes de integridad de quienes aspiren a alguna postulación partidaria. Deben engranar sus estatutos y demás normatividad al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción; si no lo han hecho es porque ese tema los tiene sin cuidado.
La ciudadanía vive un momento de crispación nunca antes visto y los políticos profesionales en vez de adecuarse a los tiempos, se ocupan más de la disuasión que en la solución.
P.D. El gigante de mil cabezas ha despertado.